Un grupo de diputados y diputadas de distintas fracciones se despertaron y exigen al presidente Abel Pacheco y al Consejo de Gobierno la inmediata intervención del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), a fin de evitar que la actividad de dicha Institución continúe desviándose de los fines para los que fue creada, ante la interminable lista de casos irregulares que se han presentado en relación con esta institución.

El clientelismo, el compadrazgo, el tráfico de tierras y de influencias, el manejo politizado de las compras de tierras, el pago de sobreprecios, la burla de los procedimientos establecidos para la asignación de parcelas, el favorecimiento de amigos y familiares han estado por encima del interés público y de las y los campesinos sin tierra de este país.

Por eso,el gobierno debe actuar enérgicamente para acabar este mal de una vez por todas, sostiene el diputado del PAC, Gerardo Vargas Leiva, impulsor de la iniciativa.

Entre los casos irregulares los legisladores señalaron los siguientes:

1-. Irregularidades en las compras de las Fincas Agrícola Rojomaca, S.A., San Pancracio, y Elidio Navarro Umaña (Ver Informe de la Contraloría General de la República 2/2000, de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Departamento de Organismos Descentralizados).

2-. Adjudicación del "área no parcelada" del Asentamiento Monseñor Héctor Morera a la Asociación Centro de Experimentación y Capacitación para el Desarrollo Rural Sostenible (CECADERUS), a pesar de que parte de los terrenos tenían limitaciones de uso, requieren protección para la conservación de los recursos naturales y no servían para usos productivos. (Informe de la Contraloría General de la República 44/2000, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Departamento de Organismos Descentralizados).

3-. Traspasos de tierras a personas físicas que no se dedican a labores agrícolas, incluyendo a profesionales y funcionarios del IDA que conformaron la Asociación para la Protección del Ambiente y Fomento del Agroecoturismo en Asentamientos del IDA (APROAMBIDA) y la Asociación Ambientalista de las Brumas de Cartago. (Ver Informe de la Contraloría General de la República 75/2000 de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Departamento de Organismos Descentralizados).

4-. Irregularidades en las compras y distribución de tierras por parte del IDA, en las siguientes fincas: Río Magdalena, La Cañuela, Siberia, Inversiones Chaves y Peraza, Ganadería Caño Negro, El Jardín, Morales y

Quirós, Azucarera Cristal, Isaías García y Campos de Oro (Ver Propuesta de Informe de la Diputada María Elena Núñez, Comisión Especial Mega Agropecuaria, Expediente 14.947 de la Asamblea Legislativa, agosto de 2003). Dentro las principales irregularidades ev idenciadas se incluye la compra de fincas sin vocación agrícola y el pago de precios excesivos.

5-. Traslado gratuito de tierras a asociaciones. Uno de los casos se refiere a la adjudicación 390 hectáreas de la finca Sábalo, en Savegre, cantón de Aguirre, Puntarenas, a la Asociación de Desarrollo Sostenible Conservacionista Ecoturística del Pacífico Central, que le habían costado al IDA ¢88 millones. En total podrían ser 4.000 hectáreas (Ver La Nación, del 25 de enero del 2000).

6-. Adjudicación de parcela de finca del IDA denominada "Balata", en Quebradilla de Cartago, a hermano de funcionario de dicha Institución, a pesar de existir grandes necesidades de tierra en la comunidad, incluyendo la búsqueda de espacio para construcción de escuela pública. (Denuncia tramitada en Despacho de Diputado Gerardo Vargas Leiva)

7-. Irregularidades presentadas con fincas Júpiter y Siberia, ubicadas en Valle de La Estrella, Limón. Denuncias presentadas por ciudadanos quienes cuestionan la adjudicación de 90 hectáreas a cooperativa integrada por personas que no califican como beneficiarios, y exclusión de familias campesinas que sí reúnen los requisitos exigidos por la Ley. (Ver oficio de Diputado Gerardo Vargas Leiva, No. GVL-033/2005 de 3 de marzo de 2005, dirigido a la Contraloría General de la República).

8-. Conflicto por aplicación poco transparente de procedimiento de selección de beneficiaros en asentamiento campesino Salamá de Osa, Puntarenas. Con criterios altamente restrictivos que no se aplican en otros casos, se excluye a familias campesinas de escasos recursos económicos. Se han denunciado también medidas discriminatorias contra madres solteras a quienes se excluye por no contar con "suficiente fuerza de trabajo".  (Denuncia tramitada en Despacho de Diputado Gerardo Vargas Leiva).

9-. Caso de Ingenio El Atirro en Turrialba. Compra de valisosa finca para constitución de cooperativa dedicada a la producción de caña de azúcar. A pesar de alta inversión, proyecto no ha prosperado. (Denuncia tramitada en Despacho de Diputado Gerardo Vargas Leiva).

10-. Convenios cuestionados con empresas privadas como Ingenio Taboga, Indufarm, Azucarera El Viejo, Dole y Pindeco. En este último caso, se arriendan a empresa trasnacional valiosos terrenos ubicados en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas, en vez de destinarlos a programas de asignación de tierras, a pesar de las grandes necesidades existentes.

11-. Adquisición de finca de recreo en Rafael de Alajuela, con dineros que debían utilizarse para asentamientos campesinos (Ver La Nación del 17 de diciembre del 2004).

12-. Adquisición en noviembre del 2002 de una finca en ¢173 millones, en Cariari de Pococí, que dos años antes el exdueño había ofrecido en ¢96 millones (Ver La Nación del 19 de setiembre del 2005).

13-. Adjudicación de 100 hectáreas a empleados y familiares del IDA en Orotina, Parrita y Paquera, con un valor de mercado de $8.3 millones (equivalentes a Ë4.200 millones de colones), entre los años 1995 a 1999 (Ver La Nación del 22 de noviembre del 2005).